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Regimen de Donaciones Especiales

02 agosto 2021

Rosario Morales, Contabilidad & Outsourcing - Gerente |

El régimen de donaciones especiales que se encuentra vigente en Uruguay fue introducido con la Reforma Tributaria del año 2007 y desde entonces, se ha convertido en un instrumento de financiamiento para instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades de apoyo educativo y social.

El proyecto de ley de rendición de cuentas propone cambios en cuanto a la utilización del beneficio que comentaremos en el presente artículo.

CARACTERÍSTICAS

El sistema consiste en que una empresa contribuyente de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) e Impuesto al Patrimonio (IPAT) que realiza donaciones monetarias a determinadas instituciones, bajo ciertas condiciones, puede acceder a beneficios fiscales que impactan en una reducción de la carga impositiva y, por ende, del costo de la donación.

¿Cuál es el beneficio actual?

La empresa que efectúa la donación obtendrá certificados de crédito por el 75% del monto de las sumas entregadas a la institución (convertidas a unidades indexadas al día anterior de la donación efectiva), los que podrá utilizar para abonar sus impuestos (únicamente para IRAE e IPAT). Si la donación tiene por destino una universidad privada, el porcentaje del beneficio se reduce a 40%.

El 25% restante de la donación podrá ser descontado como gasto de la empresa en el IRAE, esto es, se admitirá deducir un 25% en la estructura del impuesto por este concepto. Si el destino de la donación es una universidad privada, el porcentaje a deducir como gasto de la empresa será del 60%.

CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO

  • Las donaciones deben realizarse en efectivo, depositando el importe en una cuenta única creada en el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).
  • Las entidades destinatarias están mencionadas en la normativa taxativamente. Comprenden instituciones de educación pública y privada, organizaciones de apoyo en el ámbito de salud, niñez y adolescencia entre otros.
  • La donación por parte del contribuyente no podrá superar el 5% de la renta neta fiscal del ejercicio anterior. En algunos casos, si el monto donado supera el realizado en el ejercicio anterior, este tope aumenta al 10%.

Una vez constatado el depósito realizado por la empresa donante en el BROU, la entidad beneficiaria procederá a emitir una constancia donde se detalla el monto del beneficio otorgado y expresado en unidades indexadas.

Con la referida constancia y a partir del mes siguiente de realizado el depósito, la empresa podrá presentar en DGI la solicitud de crédito correspondiente para acceder al beneficio mencionado.

Las instituciones beneficiarias de las donaciones deben cumplir una serie de requisitos que aseguran la transparencia del sistema, tales como: presentar un proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas especificando el destino que le dará a los fondos, la institución debe estar inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, así como presentar la correspondiente rendición de cuentas una vez ejecutado y finalizado el proyecto.

CAMBIOS EN EL PROYECTO

El proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2020 modifica los porcentajes de 75% y 25% mencionados anteriormente a 70% (mediante certificados de crédito) y 30% (deducción de gasto) respectivamente.

Para entender en números el impacto del cambio, supongamos que una empresa contribuyente de IRAE e IPAT, que tiene renta fiscal positiva para compensar este beneficio dona UYU 1.000 a una institución (no universidad privada), entonces el escenario sería el siguiente:

Fuente: https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/publicaciones/proyecto-poder-ejecutivo-documentos-anexos

REFLEXIONES

Este régimen ha sufrido diversas modificaciones en el tiempo y ha instaurado discusiones políticas. Ciertamente existe una renuncia fiscal del Estado, no obstante, ha sido un mecanismo valioso para fortalecer instituciones que colaboran con el bienestar social. Los cambios planteados en la rendición implican una reducción de beneficios para empresas que donan a ciertas instituciones (enseñanza, investigación, salud, etc.), que se espera no genere un desestimulo para el desarrollo de estas actividades.

En el ámbito de las universidades privadas, no se han planteado cambios. En 2020 recibieron un 42.61% del total de donaciones realizadas a nivel de educación terciaria, confirmando una tendencia creciente. Esto podría suponer menor cantidad de recursos para universidades públicas, profundizando la discusión de fondo en cuanto a la eficiencia del sistema educativo privado frente al público.

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