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Nuevas exigencias para Micro y Pequeñas empresas

09 agosto 2019

Rosario Morales , Contabilidad & Outsourcing - Gerente |

En los últimos años, las empresas uruguayas han tenido que adaptarse para cumplir con los nuevos requerimientos que pauta tanto el gobierno como los organismos internacionales. Un claro ejemplo de ello ha sido la bancarización obligatoria y las políticas de prevención de lavado de activos. Todas las empresas, sin importar su actividad o tamaño están sujetas a nuevas exigencias.

Pero, ¿qué pasa con las micro y pequeñas empresas (MYPEs)? Las MYPEs representan más del 95% de las empresas del sector privado de Uruguay. La realidad es que para desarrollar el negocio a través de una MYPE ya no basta con inscribirla en los organismos públicos y empezar a trabajar, existen nuevos requerimientos para operar diariamente.  A continuación, comentaremos novedades en materia de facturación electrónica y de seguridad y salud en el trabajo que inciden en este grupo de empresas.

1. Facturación electrónica

En el año 2015, DGI emitió la Resolución Nro. 3.012 que estableció un cronograma de inclusión preceptiva al sistema de facturación electrónica, en función del nivel de ingresos anuales de las empresas sin importar su actividad. La gran mayoría de las empresas se encuentran obligadas a documentar sus operaciones mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFEs), para lo cual deben cumplir determinadas etapas de testeo y puesta en marcha. Se exceptúa de este requisito a contribuyentes con actividad agropecuaria exclusiva e ingresos inferiores a 4.000.000 UI (aprox. U$S 460.000)  

El pasado 1/6/2019 se incorporaron las empresas cuyos ingresos en el año 2018 superaron las 750.000 UI (aprox. U$S 86.000) y está previsto que a partir del 1/12/2019 ingresen aquellas cuyas ventas superaron las 305.000 UI en 2018 (U$S 35.000).

Por tanto, se amplía la base obligados teniendo en cuenta que dichas cifras abarcan un gran número de MYPEs que hasta el momento no tenían obligación de extender CFEs. Esto implica que las empresas que queden incluidas deberán contratar un proveedor de servicios de facturación electrónica para operar con CFEs, lo que genera costos de mantenimiento e inversiones en equipos.

En 2017 DGI manifestó la intención de desarrollar una aplicación que permitiría a contribuyentes de escasa dimensión económica, realizar la facturación a través del portal del organismo, lo que hasta el momento no se ha implementado.

El 22/7/2019, se emitió el Decreto 206/019 que otorga derecho a un crédito fiscal de un máximo de 80 UI mensuales ($ 322) para contribuyentes que inicien actividades, contribuyentes comprendidos en Lit. E) Art. 52 Tit. 4 o los que perciben ingresos menores a 750.000 UI en el ejercicio anterior.

Este beneficio será computable solamente por el período comprendido entre el 1/11/2019 y el 31/12/2021.

Ahora bien, ¿cuántos contribuyentes se ven realmente beneficiados por este Decreto considerando el costo de las soluciones de facturación electrónica existentes? Es necesario seguir apuntando a la idea de una aplicación de DGI como alternativa para mitigar costos.

2. Seguridad y salud en el trabajo

En el marco de los lineamientos establecidos por el Convenio Internacional de Trabajo N° 161, mediante el Decreto 127/014 (mayo 2014) y su reciente modificativo, Decreto 126/019, se estableció la obligación de implementar Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo para empresas con más de 5 trabajadores cualquiera sea su actividad (con o sin fines de lucro).

En términos generales, este régimen dispone la necesidad de que las empresas le brinden a los trabajadores alguna clase de servicio integrado por un médico especialista en salud ocupacional y otro profesional con título de: Técnico Prevencionista, Tecnólogo en Salud Ocupacional, Tecnólogo Prevencionista, Licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional o Ingeniero Tecnólogo Prevencionista pudiendo ser complementado por Psicólogo o personal de enfermería y otras especialidades del área.

La periodicidad de intervención del servicio en la gestión de la empresa dependerá del número de empleados. Más de 300 empleados obliga a contar con un servicio integrado a la gestión de la empresa para atender en forma permanente. Si posee entre 50 y 300 trabajadores requiere una intervención mínima trimestral y si posee entre 5 y 50 empleados, se requiere intervención semestral.

Los plazos para implementar dichos servicios están supeditados al número de empleados y la rama de actividad. Las primeras incorporaciones están previstas para noviembre 2019 y las últimas para noviembre 2020.

Se trata de una nueva obligación que también involucra a empresas de reducida dimensión económica, las que deberán buscar una solución que se adapte a los requerimientos de la norma y a su estructura de gastos.

Reflexión

En un país donde las políticas de estímulo se orientan más a las grandes inversiones, los emprendedores de sectores de menor porte ahondan esfuerzos en ofrecer productos y servicios competitivos asumiendo nuevos costos. Uruguay busca estar a la altura de algunas exigencias mundiales, lo cual es positivo. No obstante, no hay que dejar de preguntarse cuántas empresas pueden soportar sin dificultades las mayores cargas económicas que esto implica.

rmorales@bdo.com.uy