• Nueva comunicación al BCU: Entidades emisoras de títulos nominativos
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Nueva comunicación al BCU: Entidades emisoras de títulos nominativos

08 mayo 2018

Gianina Tozzi, Senior Contabilidad & Outsourcing |

INTRODUCCIÓN

Recordamos que en el marco de la Ley de Transparencia Fiscal 19.484 (en adelante “LTF”), aprobada en enero de 2017, y su decreto reglamentario 166/017, se obligó a determinadas entidades a informar al Banco Central del Uruguay (BCU), quienes son sus beneficiarios finales.

En esta oportunidad, nos referiremos exclusivamente a las obligaciones establecidas para entidades emisoras de títulos nominativos.

BENEFICIARIO FINAL

La normativa define como Beneficiario Final (BF) a la persona física que, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. (Art. 1 de la Ley 19.484).

Se entiende como control final el ejercido directamente, o indirectamente a través de una cadena de titularidad o a través de cualquier otro medio de control.

ENTIDADES OBLIGADAS

Los nuevos obligados son las entidades emisoras de acciones o participaciones sociales nominativas o escriturales, sociedades personales, sociedades anónimas, asociaciones agrarias, fideicomisos o fondos de inversión y en general cualquier otra persona jurídica habilitada a emitir títulos nominativos.

Los mismos tendrán, al igual que lo hicieron las entidades emisoras de acciones al portador en el 2017, la obligación de informar a sus BF: tendrán que proporcionar los datos identificatorios de los titulares de sus acciones, así como el porcentaje de su participación en el capital social correspondiente.

Todas las entidades obligadas deberán conservar la documentación respaldante de la información requerida.

PLAZO

Estas entidades deberán enviar por medios informáticos las declaraciones juradas dentro del plazo de 60 días corridos, contados a partir del 1° de mayo de 2018.

Cualquier modificación posterior deberá ser comunicada dentro de los 30 días siguientes a su modificación, extendiéndose a 90 días si se trata de titulares o BF no residentes.

SANCIONES

El organismo recaudador de las multas y el encargado de controlar el cumplimiento será la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Las sanciones pecuniarias podrán ser de hasta cien veces el valor máximo de la multa por contravención (aprox. USD 26.500) o hasta mil veces dicho valor (aprox. USD 265.000). El importe dependerá de la naturaleza del incumplimiento. El 6 de abril del corriente año, la AIN emitió una resolución estableciendo sanciones graduales.

Al mismo tiempo, las entidades que estén en infracción no podrán pagar utilidades ni distribuir dividendos, rescates o el resultado de la liquidación de la entidad a los titulares o BF que no hayan sido identificados.                

La falta de presentación de las declaraciones juradas ante el BCU determinará la suspensión del certificado único de DGI.

ENTIDADES EXCLUIDAS

Están eximidas de informar, entre otros, las sociedades personales, agrarias, de hecho o civiles integradas exclusivamente por personas físicas, siempre que dichas personas coincidan con sus BF.

Por otra parte, no deben identificar a sus BF las entidades cuyos títulos de participación coticen en bolsas de valores nacionales o internacionales de reconocido prestigio, siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición; los fondos de inversión debidamente constituidos y supervisados por el país de su residencia; y tampoco deberán hacerlo los condominios, las sociedades conyugales, los concubinatos y las entidades disueltas de pleno derecho.

ENTIDADES EN LIQUIDACION

Las entidades en liquidación, excepto las disueltas de pleno derecho (Ley 19.288), se encuentran obligadas hasta que se haya presentado clausura por cese de actividades ante DGI y declarado, según corresponda: la extinción de la totalidad del pasivo y adjudicación del total de activos remanentes a los accionistas, socios o titulares de participaciones; la anulación o destrucción de la totalidad de los títulos de participaciones patrimoniales; la identificación del liquidador o administrador.

CONCLUSIONES

Considerando la obligatoriedad de las normas mencionadas, y las severas sanciones impuestas, recomendamos se tomen las precauciones adecuadas a efectos de asegurar el cumplimiento de todos los extremos requeridos.

gtozzi@bdo.com.uy