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Artículo:

Lo que los contribuyentes callan y el Estado no otorga (Parte V)

18 diciembre 2020

Cr. Emiliano Forte , Senior - Asesoramiento Tributario - [email protected] |

Introducción

En la última entrega de esta serie de artículos vinculados a las medidas tributarias que el Estado debería implementar a la brevedad, hemos estimado adecuado destinarla a tratar diversos aspectos que, en puridad, no se pueden asociar a ningún impuesto en particular, pero que no por ello son de relevancia marginal para el contribuyente.

Reorganizaciones societarias

Históricamente la DGI ha expresado que las fusiones y escisiones (algunas de las varias formas de reorganizar sociedades) constituyen operaciones gravadas tanto por el IVA como por el IRAE, opinión que fue ratificada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para el caso de las fusiones y también compartida por algunos sectores de la doctrina. Si bien existen especialistas que han opinado que no existe gravamen alguno en estas operaciones, se trata de una corriente minoritaria no aceptada por el fisco ni por la práctica tributaria.

Pese a que se han dictado normas que han apuntado a aliviar el tratamiento tributario de estas operaciones (como el art. 26 de la Ley 16.906 o el Decreto 76/020), a nuestro criterio sería conveniente que el legislador las exonere en forma general dejando expresa constancia de ello en la norma legal; puesto que son varios los contribuyentes que han desechado estas reorganizaciones por el oneroso (y erróneo) tratamiento tributario que reciben.

Multa agravada por mora

Hasta 2015 inclusive, los agentes de retención y percepción que hubieran retenido (o percibido) y no vertido el tributo en los plazos correspondientes, sufrían una multa equivalente al 100% del tributo no pagado en plazo, en virtud de que dichos responsables se estaban apropiando indebidamente de bienes ajenos.

Con la sanción de la Ley 19.355, quedaron subsumidos en esta multa por mora agravada tanto los responsables sustitutos como los responsables por obligaciones tributarias de terceros (OTT). Esta disposición, aparte de reflejar un claro espíritu recaudatorio, presenta unas fallas estructurales brutales, por cuanto habitualmente estas categorías de responsables pagan las «retenciones» con fondos propios, para luego resarcirse del contribuyente «retenido». Por lo tanto, no se configuraría la retención y no versión que la norma exige para la aplicación de la multa agravada del 100%.

¿Qué hace el fisco en estas ocasiones? Siempre que detecta un pago de estos responsables fuera de fecha, inmediatamente exige el 100% del tributo no vertido en plazo, por lo que el responsable tiene que iniciar un expediente en DGI acreditando que no se configuró la retención y no versión del tributo, trámite que le puede llevar varios meses y dolores de cabeza; los que podrían evitarse si se eliminara la aplicación de la multa agravada por mora a estos dos responsables.

Los «impuestos mosquito»

Para que la incorporación de un impuesto sea equitativa y justifique los costos administrativos que conlleva su implantación en la economía, este debería contar con una base imponible amplia, aspecto que no se ve verificado con varios impuestos, a saber: el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Fondo de Inspección Sanitaria (FIS), el Impuesto a los Ingresos de las Entidades Aseguradoras (IIEA) y el Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas (ICOSA). Son los «impuestos mosquito»: son pequeños en el contexto de la recaudación tributaria global y lo único que hacen es molestar al contribuyente entorpeciendo sus negocios.

Estos impuestos pueden generar escenarios de doble imposición al gravar manifestaciones de riqueza muy similares a otros impuestos de mayor recaudación. Además, su existencia en la normativa entraña una serie de gastos por parte del sector público -gastos de personal capacitado en dichos impuestos, gastos en el armado de las declaraciones juradas, otros gastos administrativos, etcétera- y en el contribuyente –no solo el gasto del tributo propiamente dicho, sino también los gastos de cumplimiento asociados- que no justifican la paupérrima participación que ocupan en el total de los ingresos tributarios.

Nuestra sugerencia, a las claras, es derogar estos impuestos. El artículo 2 de la Ley 18.083 refuerza nuestra opinión, por cuanto facultaba al Poder Ejecutivo a derogar el IIEA y el FIS; facultad que, curiosamente, no ha ejercido a la fecha.

Conclusiones

Es nuestro deseo que el lector se haya sentido identificado y comparta nuestro parecer con las propuestas de modificaciones de la normativa vigente. El contexto económico y sanitario global, signado por la incertidumbre, ofrece oportunidades tributarias que el Uruguay debería aprovechar si desea encender los motores de la economía.

Es palmario que hay una titánica tarea por delante en pos de lograr un sistema tributario justo y eficiente, para la cual el legislador debería contemplar con premura lo que los contribuyentes callan y el Estado no otorga.

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