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Artículo:

Lo que los contribuyentes callan y el Estado no otorga (Parte II)

19 noviembre 2020

Cr. Emiliano Forte , Senior de Asesoramiento Tributario - [email protected] |

Introducción

En la entrega anterior trajimos a colación una serie de mejoras a la normativa del IRAE que la actual administración debería tener en consideración si desea lograr un sistema tributario que no entorpezca la reactivación económica, después de la irrupción de la COVID-19, ni signifique una asfixia para el normal desarrollo de los negocios de los contribuyentes.

En esta segunda publicación, corresponderá destinar algunas líneas al Impuesto al Patrimonio (IPAT) empresarial, un tributo vilipendiado por sus detractores en virtud de que, desde una perspectiva económica, es una suerte de sobretasa del IRAE; además de que discrimina a las empresas que requieren de un mayor capital para desempeñar su actividad. Sin embargo, sus defensores sostienen que el IPAT es una buena medida de control para detectar aumentos patrimoniales no declarados en sede de los impuestos a la renta, además de que castiga la tenencia de capital improductivo.

Soslayando las discusiones sobre su permanencia en el sistema tributario, nos inclinamos por pensar que la normativa actual del IPAT merece algunas mejoras, sobre las que se versará a continuación.

Absorción de pasivos

Hasta la década de 1980, el pasivo computable se obtenía multiplicando el pasivo deducible por la proporción que los activos no gravados guardaran con respecto a los activos totales. Esta modalidad de cálculo, congruente con el principio fiscal de universalidad del pasivo, fue estropeada cuando la normativa estipuló que el pasivo computable sería el remanente del pasivo deducible una vez deducidos los activos no gravados que absorben pasivo. Al margen de las históricas discusiones sobre cuándo un activo no gravado absorbe pasivo, esta forma de calcular el impuesto parte del erróneo supuesto de que los pasivos financian en primer lugar activos no gravados, postulado desprovisto de todo sustento técnico.

Sería una solución saludable volver a la modalidad de cálculo original, la que también es más armónica con el tratamiento que el pasivo recibe en el ámbito del IRAE.

Deducción de pasivos bancarios

Aunque la deducción de estos pasivos por su promedio de saldos mensuales se funda en razones antielusivas -cuando la norma admitía la deducción de los saldos a fin de ejercicio, los contribuyentes tomaban pasivos bancarios de corto plazo para reducir el monto imponible del impuesto-, no es menos cierto que distorsiona la naturaleza estática del IPAT al considerar una situación ocurrida a lo largo del ejercicio.

Esta cuantificación del pasivo deducible debería reverse. Por ejemplo, podría admitirse la deducción íntegra de los saldos a fin del ejercicio a condición de que el plazo de financiamiento del pasivo bancario supere determinado umbral temporal (y con ello se evitaría la adquisición de deudas de corto plazo).

Anticipos de clientes

La DGI ha sido categórica al no admitir los anticipos de clientes como parte del pasivo deducible, conclusión que ha sido compartida a regañadientes por la doctrina. No obstante, parece ilógico que la normativa no consagre la deducción de estos pasivos que genuinamente pertenecen a la operativa del contribuyente, conclusión que toma mayor vigor cuando se comprueba que los anticipos de clientes no verifican el «balanceo», es decir, que lo que para un contribuyente es un pasivo deducible, para el otro debería ser un activo gravado. Si el cliente es local, este deberá tributar el IPAT por el anticipo en cabeza propia mientras que, si fuera del exterior, al final del año civil el contribuyente del IRAE debería retenerle el impuesto en carácter de agente de retención.

Sobretasa agropecuaria

La sobretasa del IPAT agropecuario, sucedáneo surgido de las cenizas del ICIR, pretende castigar con mayores alícuotas del impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales. La existencia de esta sobretasa es una ofensa al sentido común: si la tierra es para el contribuyente agropecuario lo mismo que la máquina para el productor industrial, ¿por qué se sanciona al primero con una sobretasa, mientras que el segundo goza de alicientes tributarios como la deducción de bienes muebles del equipo industrial y las exoneraciones de la Ley 16.906 (Ley de Promoción de Inversiones)?

Asimismo, la estructuración de esta sobretasa presenta una retahíla de fallas que la tornan inviable. A modo de ejemplo, las alícuotas progresivas se determinan en función de los activos del contribuyente, ignorando por completo su volumen de pasivos; por lo que la sobretasa parece más bien aplicarse a los activos y no al patrimonio.

Comentario final

El legislador arrastra desde hace tiempo una tarea pendiente con el contribuyente en lo que respecta al IPAT. ¿Será mucho pedir una revisión meditada de su contenido, además de una reducción progresiva de su tasa a valores testimoniales, tal como ocurre actualmente con el IPAT de las personas físicas?

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