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Artículo:

Lo que los contribuyentes callan y el Estado no otorga (Parte I)

13 noviembre 2020

Cr. Emiliano Forte - [email protected], Senior de Asesoramiento Tributario |

Introducción

En el seno de las discusiones parlamentarias sobre la ley de Presupuesto, el grueso de los contribuyentes abocados a la actividad empresarial reaccionó con honda satisfacción ante la posible derogación del tope del 50% aplicable al cómputo de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores (PFEA) en sede del IRAE. Esta perniciosa restricción, que perseguía obvios propósitos recaudatorios, implicaba que un contribuyente debiera tributar el IRAE si el ejercicio de liquidación arrojaba una renta neta fiscal positiva, aunque tuviera PFEA muy superiores a aquella.

Sin embargo, nuestra experiencia profesional indica que esta modificación es necesaria pero no suficiente. El sistema tributario uruguayo arrastra consigo varias falencias que desencadenan efectos negativos en la economía, los que se han visto recrudecidos con el advenimiento de la pandemia de la COVID-19. Esta será la primera de varias publicaciones en las que discurriremos sobre algunos aspectos que la actual administración debería considerar si desea lograr un sistema tributario justo y eficiente que promueva la inversión; publicación que será destinada al IRAE, el impuesto empresarial por excelencia.

Regla de la contraparte

En reiterados artículos hemos puesto de manifiesto la inconveniencia de esta regla, que condiciona la deducibilidad de un gasto a la carga tributaria a la que está sujeta la contraparte del mismo. La administración tributaria la ha defendido desde sus inicios alegando que desestimula la construcción de estructuras tributarias que apunten a erosionar la base imponible del IRAE. No obstante, la doctrina ha postulado que su consagración como principio general de deducción del gasto es nociva, al obligar a considerar como no deducibles gastos necesarios para la actividad del contribuyente y en los que es claro que no hay ninguna planificación tributaria agresiva subyacente.

El mismísimo Poder Ejecutivo admite subrepticiamente lo absurdo de esta regla, al establecer por vía reglamentaria un sinfín de excepciones a su aplicación que, de no existir, incrementarían el monto imponible del IRAE hasta límites insoportables para los contribuyentes.

La sustitución de la regla de la contraparte por una más amigable –por ejemplo, que los gastos sean de una cuantía razonable o se hayan incurrido a valores de mercado- es a nuestro juicio imperiosa para cumplir con el objetivo último del IRAE, que consiste en gravar la renta neta fiscal real.

Ajuste por inflación

Desde fines de 2016, los contribuyentes del IRAE se ven privados de aplicar el ajuste por inflación en virtud de que este solo puede ser computado siempre que la variación del IPC en los últimos 36 meses sea superior al 100%. Si bien nuestro país se encuentra alejado de ese escenario, es incuestionable que los guarismos de inflación actuales erosionan sensiblemente los estados financieros de los contribuyentes.

Entendemos conveniente eliminar la restricción precedente, de forma tal que se pueda reconocer la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a los efectos fiscales.

Moneda funcional

El IRAE da marcadas muestras de obsolescencia al habilitar solamente el peso uruguayo como moneda funcional para realizar la liquidación del impuesto. Esta rigidez implica que aquellos que contablemente tienen una moneda funcional distinta al peso, vean distorsionados sus resultados fiscales por el reconocimiento de diferencias de cambio y otros ajustes que no se corresponden con su entorno económico.

Es hora de que el IRAE se adapte a la internacionalización de los negocios, facultando a que los contribuyentes liquiden y paguen el impuesto en su moneda funcional.

Liquidación ficta

La progresividad continua del IRAE ficto deja inermes a los contribuyentes cuando se produce el denominado «efecto del salto», es decir, el incremento del monto imponible del impuesto ocasionado por un cambio en el tramo de ingresos en el que el contribuyente está comprendido. Por ejemplo, si un contribuyente obtiene rentas empresariales por hasta 2 millones de unidades indexadas (UI), debe pagar un impuesto equivalente al 3,3% de sus ingresos gravados. Pero si supera este importe por apenas una UI, debe considerar para todos sus ingresos una alícuota del 9%, es decir, de casi el triple.

Este sistema de determinación de las rentas merece una revisión, tal vez modificando sus alícuotas y pasando a un esquema de progresividad por escalas que atenúe las distorsiones por cambios de categoría.

Conclusión

Es indubitable que la normativa del IRAE requiere con premura una modernización de su contenido y una modificación de varias cláusulas injustas hacia el contribuyente. En ulteriores entregas analizaremos la normativa de otros impuestos, cuyo contenido no se queda atrás en lo que a sus defectos técnicos y afán fiscalizador refieren. 

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