• La importancia del Estudio de Precios de Transferencia
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La importancia del Estudio de Precios de Transferencia

22 mayo 2018

Ricardo Castro , RAS - Gerente / Precios de Transferencia - Gerente |

NORMATIVA

Desde la reforma tributaria del año 2007, se encuentran vigentes las normas de Precios de Transferencia (“PT”) para todos los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (“IRAE”) cuyos ejercicios fiscales hayan finalizado a partir del 31/12/2009.

Éstas fueron reglamentadas por el decreto Nº 56/009, del 29 de enero de 2009 y por sucesivos decretos y resoluciones posteriores. El artículo 1º del decreto Nº56/009 establece que se encuentran comprendidos en este régimen los siguientes sujetos:

  1. Quienes realicen operaciones con entidades vinculadas constituidas, domiciliadas, radicadas, residentes o ubicadas en el exterior; y obtengan rentas empresariales;
  2. Quienes obtengan rentas por servicios personales fuera de la relación de dependencia, tributen IRAE por opción o inclusión preceptiva y realicen operaciones con entidades vinculadas constituidas, domiciliadas, radicadas, residentes o ubicadas en el exterior;
  3. Quienes efectúen operaciones con entidades constituidas, domiciliadas, radicadas, residentes o ubicadas en países de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación. La normativa establece una lista preceptiva de treinta y tres jurisdicciones o estados (a partir del 7/05/18 se excluye Panamá), considerando baja tributación una tasa de imposición efectiva sobre la renta menor al 10%;
  4. Caso especial: transacciones entre sujetos vinculados de productos commodity con cotización conocida en mercados transparentes, en las cuales participe un intermediario en el exterior que no sea el destinatario efectivo de la mercadería.

Entidades vinculadas son aquellas donde la dirección o control de ambas partes, directa o indirectamente, es ejercida por las mismas personas físicas o jurídicas. Este control puede deberse a que una o más entidades tengan el poder de decisión por la participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito sobre la empresa, influencias funcionales u otros motivos.

Los obligados a preparar el estudio de precios de transferencia (“EPT”) son todos los contribuyentes del IRAE que realicen las operaciones anteriormente mencionadas.

Realizado el EPT, solo deben pre-sentarlo ante DGI, aquellos con operaciones comprendidas por más de UI 50 millones (aprox. U$S6.500.000) o aquellos notificados por DGI. El EPT debe ser presentado conjuntamente con una declaración jurada.

Por otro lado, el Capítulo IV de la ley N° 19.484 de Transparencia Fiscal (“LTF”), establece ajustes al régimen de PT del IRAE.

Las principales modificaciones introducidas por esta ley buscan adaptar la normativa uruguaya a las exigencias del llamado Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (“BEPS” por sus siglas en inglés) de la OCDE.

La LTF, entre otras cosas,  introduce la posibilidad de realizar Acuerdos Anticipados de Precios (“APA”) en forma bilateral con otras administraciones tributarias, con las cuales exista convenio vigente para evitar la doble imposición. Anteriormente la normativa solo permitía acuerdos unilaterales. Asimismo, establece la obligación para entidades que forman parte de grupos multinacionales de gran dimensión económica, de presentar ante DGI el Informe Maestro y el Informe País por País.

La LTF, incrementa la información a proporcionar por las empresas comprendidas, generando mayores obligaciones y reportes a entregar a DGI, aún no ha sido reglamentada en el Cap.IV.

SANCIONES

Si en el marco de controles rutinarios o de una inspección fiscal, el fisco detecta que un obligado a tener EPT no lo tiene, puede sancionarlo con multas que van desde $7.660 hasta $7.660.000.

CONCLUSIÓN

Los contribuyentes del IRAE que se encuentren comprendidos bajo las normas de PT, deben analizar si han realizado los estudios correspondientes.

Hasta el momento, DGI ha sido benévola al detectar omisiones en la preparación de EPT, muchas veces otorgando plazos razonables para la confección del estudio, aunque siendo muy exigente a la hora de analizarlos.

La realidad es que DGI está facultada para establecer sanciones ante la no preparación y/o presentación del EPT y de la declaración jurada, que cambió desde 2017 y se ha vuelto muy compleja en cuanto a la información que solicita.

Se aconseja tomar los recaudos  necesarios para no ser sorprendidos ante una inspección de DGI.

 

rcastro@bdo.com.uy